CEAV en su reciente Asamblea General celebrada en Lugo ha valorado las consecuencias de la aplicación de la directiva europea aprobada en 2018 y su correspondiente trasposición en la Ley de Estatal de Residuos española de 2022 cuyo sentido es “implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos” y que se hará efectiva en 2025.

La responsabilidad última en su forma de aplicar esta tasa la tienen los ayuntamientos, hecho que conocían desde hace tiempo y la mayoría ha amagado con fórmulas que permitían completar el pago que hacen los generadores de residuos, que no cubría el gasto real, utilizando los recursos de otras recaudaciones de forma irresponsable (IBI por ejemplo, …) haciendo que la ciudadanía no perciba lo que se aproximaba, probablemente por razones electorales. Ahora la diferencia entre lo que se paga y lo que se pagará, en la mayoría de los casos, será abismal. Además, ahora oiremos que no es un problema municipal sino una “imposición europea” aunque sus representantes políticos europeos la hayan aprobado sin fisuras.

Nuestro punto de vista es que este principio de “quien contamina paga” tiene el peligro de tratarse de una medida que se puede “contra leer” como quien “tiene dinero tiene permiso puede contaminar”. Por tanto, la clave va a estar en cómo se aplica para que lo sea de forma justa y no sean las clases humildes las que carguen con el mayor peso de la tasa. Por tanto, proponemos algunas ideas:

1.- Los ayuntamientos deben publicar el coste real de la recogida y tratamiento de los residuos en un ejercicio de transparencia.

2.- Los ayuntamientos deben establecer públicamente los criterios que se utilizan para la concreción de la tasa.

3.- Entre esos criterios nos parece fundamental introducir el criterio de renta que no solo asocie la tasa a la generación de residuos, sino que corrija el hecho de que las clases pudientes puedan desentenderse de la reducción de residuos, imprescindible en estos momentos, por su capacidad adquisitiva. Buscamos criterios justos para el conjunto de la población.

4.- Rechazamos la opción del “café para todos” por tratarse de fórmula injusta sin paliativos.

5.- Se hace necesario crear “factores correctores potentes” que faciliten el pago a las familias bajas en recursos o en riesgo de exclusión social.

6.- En otro orden de cosas, los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas deben promover la concienciación de la ciudadanía para salir de la “Era de la Basura” en la que estamos inmersos buscando fórmulas adaptadas a cada circunstancia, pero buscando un denominador común de responsabilidad en la reducción de residuos, su separación, reciclaje y su reutilización para caminar hacia la “Economía Circular”.

7.- Por último, señalar la importancia de la sociedad civil organizada, especialmente las asociaciones vecinales, en esa concienciación necesaria y en la que debe participar. Para ello, la administración, a todos los niveles, debe apoyar a las entidades vecinales en esa tarea, que t ienen muy asumida, con recursos para que puedan ser eficientes en esa labor.