La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) ha celebrado el fin de semana del 28 y 29 de marzo de 2025 en Valencia su Asamblea 2025 con la participación de las federaciones vecinales de todo el Estado español. Se ha reivindicado en esta Asamblea General el derecho a la vivienda digna, apoyado la convención sobre el amianto y presentado un protocolo sobre Igualdad.

Para el movimiento vecinal, las políticas y la reivindicación de una vivienda digna sostenible y accesible, sigue siendo una de las luchas incluida en la mejora de los barrios, siendo una de los movimientos impulsores de las políticas de rehabilitación, con exigencias al Gobierno Central, a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos para acabar con la crisis habitacional y conseguir un cambio real en las políticas de vivienda.

En este sentido, el presidente de CAVECOVA y vocal de CEAV, Juan Antonio Caballero, ha manifestado que “el movimiento vecinal necesita dejar de actuar de manera reactiva para presentar iniciativas que cambien las políticas públicas».

Respecto a la Convención sobre el Amianto, se insta a las administraciones a incluir el desamiantado en sus agendas y elaborar una hoja de ruta clara y estructurada, con el establecimiento de protocolos adecuados y la asignación de recursos económicos necesarios para llevar a cabo el proceso, ante el grave y potencial peligro para la salud pública.

Desde la Red de Mujeres Vecinales se ha aprovechado la Asamblea 2025 para presentar el protocolo de actuación en casos de violencia de género, y lenguaje inclusivo, que se extenderá por todas las asociaciones vecinales tras su aprobación por unanimidad en la asamblea.

Otros temas tratados en la Asamblea 2025 de la CEAV ha sido la situación de los mayores, con la presentación del informe sobre la situación de la Dependencia en España. También se han tratado los problemas de movilidad urbana y el tratamiento de residuos, con la ratificación del manifiesto en contra a la aplicación de la nueva tasa de basura, aprobada en la Asamblea General de Lugo tras la aplicación de la directiva europea aprobada en 2018 y su correspondiente trasposición en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados española de 2022.